Noticias

El Consejo General de Economistas ha realizado una serie de webinars bajo el lema, líderes en directo

Para abordar los principales retos que el COVID-19 ha provocado en las distintas áreas de trabajo de los economistas
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, resuelve las principales dudas de los autónomos en la actual situación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participó el pasado 22 de abril en una sesión virtual dentro del ciclo "Líderes en directo" organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Colegio de Economistas de Madrid. Su intervención estuvo centrado en los autónomos aunque aprovecho también para resolver algunas dudas referentes a otras cuestiones.

La presentación estuvo a cargo de Valentín Pich, presidente del CGE y Pascual Fernández, decano del CEMAD. Al ministro le acompañó también Borja Suárez, director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social.

Antes de pasar a las preguntas, Escrivá realizó una breve presentación en la que destacó que, con los sucesivos decretos de ayudas, el conjunto de las rentas que se está protegiendo actualmente se acerca al 30% de la población activa, "el programa de protección de rentas más intenso de los que se ha hecho en Europa". En este sentido, destacó que en otros países de nuestro entorno, se han realizado anuncios pero no se han articulado medidas de este tipo de forma tan generalizada y rápida como en España.

Respecto al alcance de la prestación extraordinaria anunciada por el Gobierno, el ministro destacó que a mediados de abril más de 900.000 autónomos ya se habían visto beneficiados por ella y prevé que la cifra total se sitúa en torno al millón y medio de profesionales, lo que supone un esfuerzo extraordinario.

En el apartado de las preguntas, planteadas tanto por periodistas como por profesionales del sector, Escrivá señaló respecto a la posibilidad de ampliar la prestación por cese de actividad, que "en la medida en que la actividad se siga viendo afectada, se van a seguir buscando esquemas de protección parcial o total" aunque apeló a la prudencia, a la espera de observar cuanto se prolonga el Estado de Alarma y como se produce la desescalada.

Acerca del ingreso mínimo vital y de qué manera puede afectar a los autónomos, afirmó que "si hay autónomos que se encuentran en la situación que hace acreedor de esta prestación, por supuesto podrán verse beneficiados". No obstante, aclaró que la prestación va a tener muy en cuenta cuestiones como la situación familiar y va a incentivar la incorporación al mercado de trabajo.

Sobre las dudas acerca de la cuota de autónomos, Borja Suárez destacó que "para los beneficiarios de la prestación, la exención de esta cuota forma parte de la acción protectora a todos los efectos". Y justificó la carga de la cuota correspondiente al mes de marzo en el hecho de que, en el momento en el que se reconoció la prestación, ya no había tiempo para parar el proceso de tesorería de la Seguridad Social, dada la magnitud de afectados. No obstante, se realizará la devolución de oficio de esta cuota.

Otro de los temas tratados fue la posibilidad de eliminar totalmente la cuota de autónomos, tal y como se ha planteado en otros países. Escrivá destacó que "una solución universal de este tipo no sería justa, ya que, aunque muchos se han visto afectados, otros, sin embargo, han podido mantener o aumentar sus ingresos, por lo que no sería comprensible que recibieran esta ayuda".

Un elemento también de incertidumbre que se ha generado responde al tipo de actividad afectado directamente por el Estado de Alarma. En este sentido, Borja Suárez señaló que se han venido encontrando con la dificultad de que en la relación de actividades del Decreto-Ley no se identificaban los Códigos CNAE, por lo que se actuó enviando a las mutuas un listado consensuado con el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, este índice, en todo caso, debe ser considerado de carácter orientativo, ya que éstas pueden ser afectadas por la intervención de otras administraciones.

Finalmente, a la pregunta acerca de qué elementos debe mejorarse en el sistema de autónomos, una vez superada la actual coyuntura, el ministro concluyó que "tenemos autónomos con ingresos muy distintos pero casi todos concentrados en cotizar al mínimo", un elemento que conviene encauzar en las actuaciones futuras.


El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón, analiza las medidas fiscales aprobadas en relación al COVID-19

El pasado 23 de abril tuvo lugar la tercera sesión virtual del ciclo "Líderes en directo" organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD) con la presencia de Jesús Gascón, director general de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), acompañado de Valentín Pich, presidente del CGE; Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y Luis del Amo, secretario técnico del REAF, y Agustín Fernández, del servicio de Estudios de la misma entidad.

Jesús Gascón inició su intervención destacando que "se están agilizando las devoluciones, resolviendo los recursos y procedimientos en los que la decisión final es un acto favorable para el contribuyente y se está reteniendo lo negativo porque, aunque se sigue trabajando internamente, ya habrá tiempo para seguir adelante con estos procedimientos".

Además, recordó que todos los plazos están suspendidos hasta el 30 de mayo tanto para los procedimientos iniciados antes del Estado de Alarma como para los procedimientos y trámites posteriores. Al tiempo, se ha conseguido iniciar como estaba previsto la Campaña de Renta 2019, "que nos ha sorprendido por su avance extraordinario, con 1,5 millones de declaraciones más que en la misma fecha que el año anterior", batiendo todos los récords de presentaciones y entradas en la página web.

Ya en el apartado de respuesta a las cuestiones planteadas, el director general de la AEAT afirmó que de cara al inicio previsto de la campaña presencial, el 13 de mayo, se ha reforzado de manera prioritaria la opción telefónica, con un servicio reforzado a partir del 7 de mayo. No obstante, recordó que "muchos declarantes que solían venir a las oficinas se han decidido a presentar la declaración este año de manera telemática".

También sobre la campaña de Renta 2019, contestó que las principales incidencias encontradas se han referido a certificados electrónicos que habían caducado o trámites que necesitaban la personación. En esos casos, se ha solventado permitiendo la realización de los trámites, de manera excepcional, incluso con certificados caducados o facilitando la presentación de predeclaraciones.

Las moratorias y aplazamientos también fueron protagonistas de muchas de las cuestiones planteadas. El director general de la AEAT recordó que "la presentación de las declaraciones periódicas de las empresas y autónomos no se produce de forma lineal como el IRPF sino que se concentra habitualmente en los últimos días del plazo". Por ello, la aplicación de la moratoria para la presentación de pymes y autónomos se ha producido cuando aún quedaba la mayor parte de declaraciones pendientes de presentar. A mediados de abril, las personas que habían solicitado el aplazamiento se situaba en torno a las 360.000, lo que resulta muy representativo del carácter generalizado de esta opción.

Otra de las cuestiones planteadas se refirió a la posibilidad de que algunas personas estén depositando sus ahorros en paraísos fiscales desde el inicio de la crisis, como se ha apuntado en algún medio. Jesús Gascón señaló que "todos los procedimientos de control y la capacidad operativa de la AEAT están funcionando con normalidad, así como el intercambio de información y la colaboración con otros países". Por lo que "los casos sospechosos de evasión fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de divisas están siendo controlados con toda normalidad, sin que se haya detectado ninguna anormalidad".

En cuanto a si se van a articular medidas especiales relacionadas con el alivio de los pagos por la campaña del IRPF, afirmó que "normalmente el pago no ha sido un problema porque se puede domiciliar hasta el 30 de junio, porque la propia normativa permite el fraccionamiento y se sigue teniendo la posibilidad de solicitar un aplazamiento de seis meses para pagos inferiores a 30.000 euros".

Preguntado por la previsión de ingresos, respondió que los datos estaban siendo muy buenos en los dos próximos meses pero, lógicamente, "el gran problema es la previsión de la evolución de la actividad económica". Hasta que no se tenga un cuadro macroeconómica, no se podrá medir con más exactitud el impacto en la recaudación.

Finalmente, se refirió a una alternativa para las pymes y autónomos de las que no se está hablando mucho como es la posibilidad de acudir a las líneas de financiación del ICO para hacer frente a las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En este sentido, recordó que la AEAT no ha abierto una vía específica tributaria de aplazamiento sino que se le ha dado la posibilidad al contribuyente que se ha acogido a los créditos avalados por el ICO que puede declarar sin ingresar, es decir reconocer la deuda pero no hacer frente al pago, sin que se produzca un apremio.


El presidente del ICAC, Santiago Durán, responde a las principales dudas de economistas contables y auditores

El pasado 22 de abril, los colegiados tuvieron la oportunidad de asistir a una sesión virtual con el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, para responder a las principales cuestiones acerca de las implicaciones de la crisis del coronavirus en el ámbito de la contabilidad y la auditoría en España. Esta sesión formó parte del ciclo Líderes en Directo promovido por el Consejo General de Economistas. Su presidente, Valentín Pich, fue el encargado de la presentación mientras que Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables, y Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores, fueron los responsables de recoger las principales cuestiones de sus respectivas corporaciones.

Antes de contestar a las principales cuestiones, el presidente del ICAC destacó la gran capacidad de adaptación a las nuevas necesidades profesionales impuestas por esta situación tanto en la institución que dirige como en todo el sector de la auditoría. Además, afirmó que el ICAC está asumiendo un papel de interlocutor con las principales autoridades económicas del país y está analizando las nuevas necesidades regulatorias derivadas de la situación creada. También recordó que se ha mantenido una activa participación en los foros internacionales para mantener una línea conjunta de actuación y se han hecho públicas respuestas conjuntas a las dudas y cuestiones surgidas en las distintas corporaciones.

Del mismo modo, quiso transmitir que el ICAC va a intentar contar con más recursos y profundizar en un replanteamiento de la inspección. Para Santiago Durán, "es necesario reducir el plazo de las inspecciones y convertirlas en un mecanismo para mejorar la calidad de los auditores" y no centrarse únicamente en la sanción.

Respecto a las principales dudas planteadas por los economistas contables, señaló que el grado de avance del proyecto de reforma del Plan General de Contabilidad es prácticamente total y aunque, lógicamente, la crisis ha paralizado el proceso, va a intentar mantener la previsión de concluirlo durante este año y 2021. Acerca de la posibilidad de elaborar un documento maestro sobre los efectos contables que esta crisis va a producir en los resultados de 2019, afirmó que la respuesta "debe adaptarse a la descripción que corresponda y al impacto que tenga en cada tipo entidad". No obstante, no descartó, si es necesaria, esta posibilidad.

También se pronunció a favor de plantear una moratoria en las causas de disolución a efectos de las empresas afectadas por pérdidas extraordinarias como consecuencia de esta crisis, apuntando que "a cada una de estas situaciones se le va a ir dando una respuesta normativa adecuada".

En lo que se refiere al sector de la auditoría, respecto a la radiografía planteada por Carlos Puig de Travy, planteó el problema que supone que "las nuevas generaciones no encuentren atractiva la profesión de auditor al identificarla con algo que no transmite valores novedosos". Otra dificultad que citó es el daño que se ha producido en su prestigio como consecuencia de haber sido señalada de forma injusta como causante de la crisis de 2008.

Por todo ello, destacó la importancia de "dar a conocer lo que es la auditoría y ponerla en valor", mejorando su calidad y reafirmando su función social, no sólo para los inversores o los accionistas, sino para el conjunto de la sociedad. En este sentido, concluyó que el nivel de la auditoría en España es muy alto y es necesario incrementar su visibilidad.

Igualmente se pronunció a favor de que en los concursos de auditoría no se tenga en cuenta únicamente el precio sino, especialmente, la calidad, como fórmula para luchar contra la reducción en el valor de este servicio básico como consecuencia de la estructura del mercado.

Finalmente, también se refirió a la situación actual del Reglamento de Auditoría que, como en el caso anterior, se encuentra también muy avanzado. Espera retomar el proceso una vez superado el estado de alarma y aprobadas las medidas de mayor urgencia y considera que se debe trabajar en la simplificación de determinadas exigencias y alcanzar mayor flexibilidad.


El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, aclara las principales dudas sobre la línea de avales de su entidad

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, participó el pasado 29 de abril en una sesión virtual entro del ciclo "Líderes en directo" organizado por el Consejo General de Economistas. El objetivo principal era resolver las principales dudas en torno a las líneas de avales del ICO como instrumento de financiación de pymes y autónomos ante la crisis del COVID-19.

Acompañaron al máximo responsable del ICO, el presidente del CGE, Valentín Pich; Juan Carlos Margarida, secretario general de la misma entidad; el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández y Salvador Marín, presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes (EFAA).

En su intervención previa, García de Quevedo destacó que el grado de ejecución del primer tramo de los avales, consistente en 20.000 millones de euros, ha sido muy elevado y está prácticamente completado. Y algunas entidades financieras, las más dinámicas, ya han completado la cuota reservada para cada una de ellas del tramo dos, también de 20.000 millones de euros. En ambas ocasiones, se ha priorizado la obtención de liquidez a pymes y autónomos.

Respecto a las previsiones, recordó que el Real Decreto 8/2020 estableció una línea de avales de 100.000 millones de euros y que, por el momento, se han abierto los dos primeros tramos, cuya ejecución se producirá en breve. Corresponderá, por tanto, al Consejo de Ministros la puesta en marcha de nuevos tramos de financiación.

Además aprovechó para señalar que en los cuatro tipos de entidades financieras que están contenidas en el acuerdo-marco con el ICO (de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago), el proceso se está realizando de forma rápida, una vez se analiza y se confirma la financiación al cliente.

No obstante, pese a los retrasos apuntados en algunas de las preguntas al compareciente, el presidente del ICO reconoció que pueden estar produciéndose errores materiales por parte del banco durante el proceso de incorporación de los datos al ICO o puede ser que la entidad financiera haya completado su cuota asignada en los tramos de avales actuales pero siga comercializando con aval del Estado esperando a los siguientes ramos. En ese caso, señaló, "debe comunicárselo al cliente".

Las cuestiones relativas a la regla de minimis también generaron una parte destacada de las preguntas. García de Quevedo recordó que "el objetivo es simplificar los aspectos declarativos de la entidad al no necesitarse notificación a la UE". Destacó que la ayuda de minimis tiene un régimen general que, en materia de avales, llega a 1,5 millones de euros salvo en sectores específicos como la agricultura, la pesca o el transporte de mercancía por carretera que cuentan con un régimen con importe mínimo del principal inferior, por normativa europea.

En otro de los asuntos que está generando mayor interés, la morosidad, el presidente del ICO señaló que "si a 31 de diciembre de 2019, la empresa no estaba en situación de morosidad, aunque lo esté ahora como consecuencia del COVID-19, no supone un obstáculo. Eso sí, esta línea de avales en ningún caso puede servir para regularizar endeudamientos pasados sino para hacer frente a los gastos corrientes de la empresa, fundamentalmente con sus trabajadores y sus proveedores.

Por otro lado, la normativa comunitaria establece que la empresa que quiera acceder a la financiación no puede encontrarse en un proceso de insolvencia en curso y debe buscar otras alternativas.

Sobre otra de las cuestiones que está generando cierta confusión como es el registro de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), apuntó que la condición establecida es que la empresa solicitante no puede figurar en él como moroso. Si no aparece registrado, se entiende que cumple las condiciones, si bien la entidad financiera llevará a cabo su propio proceso de comprobación.

Finalmente, acerca de los tipos de interés y comisiones que pueden fijar las entidades financieras en la concesión de estos préstamos, el ponente recordó que el ICO no tiene potestad regulatoria y que deben estar sujetos, evidentemente, a la normativa financiera. No obstante, señaló que el hecho de contar con el aval del Estado debería servir para obtener un préstamo en condiciones moderadas. Según el seguimiento realizado hasta estos momentos, concluyó que los tipos de interés fijados por las entidades financieras están siendo razonables.