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Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19

El pasado sábado 19 de septiembre se publicó en el BOE Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Señalamos a continuación las principales novedades en ámbito concursal:

1.- El periodo de los preconcursos presentados hasta el 31 de diciembre puede alargarse hasta seis meses.

2.- En concursos de persona física Introduce una "declaración responsable" por parte del deudor en la que manifieste que no dispone de ningún activo.

3.- Se elimina la limitación de prueba en las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores (artículo 13)

4.- La subasta vuelve a la normalidad (judicial o extrajudicial, en el artículo 10; pues en el RDL 16/2020 del que procede esta Ley, sólo era extrajudicial) incluye modificación de la Ley de colegios profesionales:

Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Se añade una nueva disposición adicional sexta a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Sesiones telemáticas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados de las corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por los correspondientes reglamentos de régimen interno o normas estatutarias.»

Y adicionalmente, se incorpora el siguiente contenido sobre colegiados en:

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en los siguientes términos: Uno. Se modifica la letra f) del artículo 4.2, que queda redactada como sigue: «f) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.» Dos. Se modifica la letra d) del artículo 6.2, que queda redactada como sigue: «d) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes procesales. A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos profesionales, tales como número de colegiado, domicilio profesional, número de teléfono y dirección de correo electrónico.»