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Para tramitaciones, la sede electrónica es la oficina

Conferencia de José Saz sobre la Administración Electrónica de la TGSS

El Colegio celebró el pasado 12 de enero la sesión de trabajo La Administración Electrónica en la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que intervino José Saz, director de la Administración 4615, quien analizó las consecuencias en el desarrollo de la Administración Electrónica promovidas por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Saz admitió que estas leyes recientes han provocado "un susto generalizado" porque la legislación relativa a los procedimientos administrativos prácticamente no contemplaba, hasta ahora, aspectos de la administración electrónica. "Es absolutamente novedoso todo lo que está surgiendo a una velocidad increíble", expuso. En ese sentido, la Ley 39/2015 recoge "toda la normativa que a lo largo del tiempo se había ido publicando y que no la había ido incorporando a su articulado". No incorpora, por tanto, muchas novedades en sí, sino que procura ordenar "la avalancha normativa en materia de medios electrónicos de comunicación".

De esta forma, la nueva legislación tiene como precedentes y se nutre de la regulación de la firma electrónica, certificados electrónicos y los prestadores de servicios de certificación (Ley 59/2003), la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007), la creación del Registro Cl@ve (Orden PRE/1838/2014), la regulación de la firma electrónica, certificados electrónicos y los prestadores de servicios de confianza en el ámbito de la Unión Europea (Reglamento UE 910/2014), la creación del Registro Electrónico de la Seguridad Social (Orden TIN/3518/2009), de la SEDESS (Orden TIN/1459/2010), y del Sello Electrónico de la Seguridad Social en 2010, las regulaciones de las notificaciones por medios electrónicos (Orden ESS/485/2013) y el registro electrónico de apoderamientos (Orden ESS/486/2013), entre otros textos legales.

La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, derogada por la nueva ley, fue la "base" de todo el desarrollo de la administración electrónica en la administración pública, "marcó un antes y un después" porque plantea la cuestión desde otra perspectiva y otorga a los ciudadanos el derecho, "siempre y en cualquier momento", a relacionarse electrónicamente con las administraciones. "Fue el pistoletazo de salida para que la administración pública, por fin, se imbuyera en la administración electrónica", subrayó el ponente.

Otro pilar legislativo, "clave en la regulación de las notificaciones electrónicas", fueron las modificaciones introducidas al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social incluidas por las disposiciones finales cuarta y quinta de la Ley 32/2010, que facultaba al Ministerio de Trabajo para determinar los sujetos y actos que pueden ser objeto de notificación telemática con carácter obligatorio, daba efectividad a las notificaciones recibidas por los autorizados RED y establecía la obligatoriedad para los actos originados por datos transmitidos o que debían transmitirse por RED.

Para cuestiones de tramitación, el desarrollo de la administración electrónica está acelerando "inevitablemente" la desaparición a las sedes físicas de la Tesorería General de la Seguridad Social y su sustitución por la sede electrónica de la Seguridad Social. "En el medio plazo, la tramitación se hará por el sistema RED o en sede electrónica, va a desaparecer de las oficinas públicas, que van a convertirse, básicamente, en oficinas de asesoramiento y resolución de incidencias. La sede electrónica es la oficina".

Saz explicó el funcionamiento de las utilidades puestas a disposición de los ciudadanos y profesionales, como los sistemas de identificación electrónica en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica o sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". El medio de identificación varía en función del nivel de seguridad que requiere el servicio demandado. A modo de curiosidad, Saz advirtió que lo que, si en las anteriores leyes se empleaba 'reconocido', ahora se utiliza el término 'cualificado', por una traducción diferente del inglés.

El sistema utiliza el programa Cl@ve, plataforma común del sector público administrativo estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas, alternativas y complementarias al DNI electrónico y los certificados electrónicos.

La Administración dispone también del Sello Electrónico, un sistema de firma de documentos digitales que se emplea para la realización automática de cuantas actuaciones y procedimientos se encuentren incorporados en cada momento en la sede electrónica de la Seguridad Social.

Por otro lado, la Ley establece la obligación de crear un registro general de apoderamientos en la Administración Estatal, comunidades autonómicas y entidades locales, para "cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración, para cualquier actuación administrativa ante una administración u organismo concreto para la realización de determinados trámites concretos". También contempla la posibilidad de crear registros electrónicos de apoderamientos por organismos. En la sede electrónica de la Seguridad Social se mantendrá una relación pública de las categorías, trámites y actuaciones que, de acuerdo con el anexo, puedan ser objeto de apoderamiento.

La nueva legislación determina que las notificaciones de la TGSS "se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía". Cada administración deberá disponer de un Registro Electrónico General y los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración que cuenten con su propio registro electrónico, éste deberá ser plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

Los autorizados RED acogidos a la guía de registro electrónico de la Dirección Provincial de Valencia de la TGSS podrán presentar, con independencia de los trámites contemplados en el registro electrónico, las incidencias RED de empresas, variaciones del Código de Cuenta de Cotización y remisión de documentación complementaria a la inscripción realizada por medios electrónicos, incidencias RED en la tramitación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y formularios FR103 para autorizar la actuación en representación de un afiliado en el ámbito del sistema RED y las notificaciones telemáticas.

Entre las ventajas de acogerse a la guía de registro electrónico de la Dirección Provincial de la TGSS, Saz citó la centralización de trámites en una sola administración, la disposición de una dirección de correo electrónico de la administración escogida para la realización de consultas de tramitación y que no sea necesario el cotejo de la documentación anexada a una solicitud por registro electrónico. Además, si el profesional, al remitir la documentación a través del registro electrónico, anexa a la solicitud la autorización del tercero para realizar el trámite correspondiente, la resolución, en papel y con acuse de recibo, se remitirá al domicilio del usuario de RED.

En la presentación del acto, Alfredo Hernández, vocal de la Junta de Gobierno del COEV, recordó que, desde hace muchos años, el Colegio "ha promovido y defendido la figura del economista asesor laboral, con el objetivo de lograr su reconocimiento por parte de la sociedad". En este sentido, destacó la estrecha colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, plasmada en las reuniones periódicas que mantienen ambas instituciones y en los "cada vez más fluidos" canales de comunicación constituidos para "resolver incidencias y cuestiones que sufren en la práctica profesional los economistas". Precisamente, el propósito de la nueva Junta de Gobierno es "potenciar estos canales, favorecer el intercambio de información y crear un foro estable en el seno del Colegio para atender estas necesidades. En definitiva, fomentar la figura del economista asesor laboral".